En la causa que fue denunciado
penalmente el intendente de Balnearia Vicente Costamagna y los funcionarios
responsables en descontar y retener las sumas de dinero correspondientes a las
cuotas sindicales de empleados municipales, el Suoem San Francisco y Zona se
presentó que querellante particular.
La presentación fue realizada en
la Fiscalía de Morteros por el Secretario General, Víctor Lescano con el
patrocinio del asesor letrado de la entidad el abogado Andrés González,
solicitando constituirse como querellante particular a los fines de ser parte
en el proceso que se lleve adelante.
Desde las sucesivas afiliaciones
a partir de febrero de 2012, los funcionarios de la Municipalidad de Balnearia
fueron descontando y reteniendo de los haberes de sus empleados afiliados al
Suoem San Francisco y Zona, en forma mensual y consecutiva, las sumas de dinero
correspondientes al pago de las cuotas sindicales que debían ser abonadas al
sindicato, pero nunca remitieron dichos fondos a la institución sindical.
En este sentido aclaran que días
después de que formularan la denuncia penal, la Municipalidad de Balnearia
abonó al sindicato una suma de dinero en concepto de cuotas sindicales
adeudadas. “No obstante dicha circunstancia lejos de importar un obstáculo para
la prosecución de la acción penal constituye una circunstancia apta para
demostrar la probable existencia de los hechos denunciados, lo que acreditaría
la posible comisión de delitos en contra de la administración pública y/o en
contra de la propiedad que se pretende sea investigado.
Cabe recordar que el Suoem San
Francisco presentó días pasado una denuncia penal contra los funcionarios de la
Municipalidad de Balnearia que descontaron y retuvieron de los haberes de los
empleados municipales afiliados al Suoem San Francisco y Zona los montos
correspondientes a la cuota sindical, sin ser remitidos a la institución
sindical hasta la fecha de la formulación de la denuncia penal, por lo que
solicitaron se investigue si se incurrió en la comisión de delitos en perjuicio
de la administración pública por lo que ahora promueven constituirse en
querellantes particulares
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